En el marco de la campaña los Ojos en las Hojas, Lupita, la heroína anticorrupción de Proética, se puso a revisar cuántos candidatos a presidentes regionales en el país consignaron la información referida a sus ingresos y patrimonio en sus respectivas hojas de vida. Encontró que de 337 postulaciones de esta naturaleza registradas en el sistema del Jurado Nacional de Elecciones, en 98 casos los candidatos no llenaron esa sección.
El número corresponde aproximadamente a un tercio del total, lo cual constituye, como primera impresión, una buena señal de transparencia de parte de los candidatos.
Dentro del tercio de quienes no emitieron esa señal llama la atención los casos de la región Lambayeque y Huancavelica, en donde alrededor de la mitad de los candidatos no presentó su información de ingresos y bienes (53.3% y 44.4% respectivamente), y de la región Callao, donde la proporción de quienes no lo hicieron se eleva a ocho de once (72.7%). En el otro extremo, las regiones de Ayacucho (7.7%) y Pasco (9.1%) son las que agrupan las menores proporciones de candidatos que prefirieron no transparentar ese tipo de información.
Al hacer la lectura según organizaciones políticas a las que representan los candidatos, en conjunto los partidos (definidos según el Registro de Organizaciones Políticas del JNE) muestran una proporción ligeramente mejor que los movimientos regionales (74.4% frente a 67.3%). Aunque resulta complicado hacer una comparación entre partidos (pues presentan candidatos a cantidades distintas de regiones, desde 1 -Sí Cumple o Todos por el Perú- hasta 24 -el APRA-), es de destacar que solo dos de los 24 postulantes del partido de gobierno dejaron de presentar su información sobre patrimonio e ingresos: Luis Alberto Ortiz, quien postula a la región Callao y John Romero, que postula a la presidencia del gobierno regional de Huánuco.
Entre los candidatos también llama la atención que presidentes regionales que postulan a la reelección no hayan consignado estos datos. Es la situación de, por ejemplo, César Álvarez, de Ancash, y Federico Salas, de Huancavelica (aunque este figura como “inadmisible” en el sistema).
Para concluir, es importante recordar que la información sobre bienes e ingresos es parte de la sección VIII de las hojas de vida, que está catalogada como información opcional. Sin embargo, esta condición no debe hacernos perder de vista que aquellos candidatos que optaron por brindarla tácitamente le han dicho al país y a sus electores que son transparentes. Si hubieran consignado datos incompletos o, peor aún, falsos, estarían engañando a la opinión pública y merecerían ser expuestos y sancionados.
No hay para nada transparencia en este proceso, se han dado pasos timidos para lograr una democracia representativa, pero es deber de la ciudadania exigir la información acerca de la gente que quiere gobernarnos. Si no fuera por la posible elección de una opción progresista y descentralista en Lima, esta elección sería más de lo mismo.
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