A dos años del baguazo

El presidente García y su mayoría congresal aprista han mantenido la impunidad de los responsables de las 34 vidas perdidas. 
A dos años del violento enfrentamiento entre la Policía y miles de indígenas selváticos, más conocido como el Baguazo, que causó la muerte de 34 peruanos, entre policías y civiles, el gobierno y el Parlamento de mayoría aprista, así como el Poder Judicial, no han hecho mucho por sancionar a los responsables de este luctuoso suceso.

Así lo señaló a LA PRIMERA el expresidente de la comisión congresal que investigó este caso, Guido Lombardi, quien acusó de “indignidad” de la Representación Nacional por negarse a debatir el informe final de su propio grupo de trabajo.

Y la razón de esta decisión estuvo, dijo, en que el informe en minoría, presentado por Lombardi, establecía responsabilidades en el Ejecutivo, el Congreso, la Policía y los propios dirigentes indígenas.

En ese contexto, el parlamentario cuestionó también la actitud pusilánime de los congresistas oficialistas de negarse a insistir en la Ley de Consulta –exigida por la protesta indígena derivada en el Baguazo-, aprobada hace tres meses, y que ha sido observada por el régimen de García.

“No se aprueba la Ley de Consulta pero se siguen otorgando concesiones mineras. Se quiere aprobar una arbitraria e inconsulta Ley de Desarrollo Forestal y Fauna… El mensaje que el Estado transmite a los pueblos indígenas y amazónicos, con estas acciones, es que no les importa mucho o nada”, subrayó.

Asimismo, cuestionó duramente al presidente García por arremeter una vez más contra los nativos amazónicos, cuando señaló que la tragedia de Bagua “fue un horrendo crimen cometido por los indígenas, cuando fue exactamente lo contrario”.

“Fue, precisamente, la torpeza, la ignorancia, cuando no la mala fe de sus funcionarios, ministros y altos mandos policiales, las que ocasionaron la masacre de nativos y asesinato más grande en la historia de la Policía Nacional”, anotó.

Sobre este último aspecto, Lombardi criticó el “cuajo” que tuvo la entonces ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, de mantener en sus puestos a los jefes policiales responsables de esta debacle, Elías Muguruza y Javier Uribe e, incluso, hasta de condecorarlos. “Esto sí que fue bochornoso”, apuntó.

Procesos a paso de tortuga Respecto a los procesos judiciales por los sucesos de Bagua, éstos marchan a paso de tortuga. En instancias ajenas a los fueros jurisdiccionales hubo varias investigaciones que arrojaron sendos y variopintos documentos: cuatro informes en el Congreso; dos informes, uno en mayoría y otro en minoría, en la Comisión Bagua impulsada por la presidencia del Consejo de Ministros (PCM), y una discreta investigación policial.

Hoy están pendientes cinco procesos penales en los juzgados de Bagua y de Utcubamba (Amazonas); cuatro de ellos contra los indígenas que participaron en las acciones de la “Curva del Diablo’ y en la masacre de 12 policías en la Estación 6. En total, hay 82 procesados. En el otro, varios efectivos policiales están encausados.

Sobre el segundo proceso, a fines del mes pasado el juez del Segundo Juzgado Penal de Utcubamba, Uldarico Segundo Bohórquez Padilla, abrió un proceso penal contra cinco policías involucrados en los sucesos ocurridos en la Curva del Diablo.

El juez Bohórquez ha iniciado el proceso por homicidio calificado y lesiones graves y leves, en agravio de veinte ciudadanos, pese a que serían más de 200 los afectados. En este proceso deberá establecerse el grado de participación de los policías y la responsabilidad de Mercedes Cabanillas, Yehude Simon, Javier Velásquez y el presidente García. El inicio de LA PRIMERA diligencia fue fijado para el 1 de junio y se extenderá hasta LA PRIMERA quincena de agosto.

Así fueron los hechosEl viernes 5 de junio del 2009 se ha convertido en una fecha de triste recordación en la historia del país y de las relaciones con las comunidades nativas amazónicas porque ese día fue el Baguazo, un violento enfrentamiento entre policías y más de tres mil indígenas de las etnias awajún y wampis, además de campesinos, ronderos y excombatientes del Cenepa que habían tomado la carretera marginal. Como consecuencia de este hecho, perdieron la vida 23 policías (además de un oficial desaparecido) y diez civiles fallecidos, que podría ser mucho mayor, según fuentes extraoficiales. Sobre lo sucedido quedaron muchas dudas. Pero, una vez ocurrida la tragedia, el gobierno acentuó la polarización y el mismo presidente García arremetió contra los indígenas acusándolos de ser “terroristas” financiados por extranjeros y hace sólo unos días dijo que el Baguazo fue solo una matanza de policías.

Enfrentado a una orden de captura, su líder Alberto Pizango, tras los luctuosos sucesos de hace un año, ingresó a la embajada de Nicaragua y pidió asilo como perseguido político.

En tanto, el Congreso se reunió de emergencia, el 10 de junio, para suspender indefinidamente los decretos legislativos 1090 y 1064. Sin embargo, los dirigentes amazónicos consideraron este hecho una burla más del gobierno, pues exigían su derogatoria. Más aún, varios líderes de Aidesep habían sido denunciados por apología y sedición.

Sin embargo, ante el creciente descontento de la opinión pública, evidenciado en diversas encuestas y múltiples protestas, el gobierno empezó a ceder ante la presión. El primer ministro, Yehude Simon, tras reunirse con dirigentes amazónicos, aceptó derogar los decretos cuestionados mientras que, el 18 de junio, el presidente García admitió débilmente los errores cometidos durante el diálogo con los dirigentes de la Amazonía, al tiempo de asegurar su respaldo a Simon sobre la derogatoria de los cuestionados decretos.

Y al día siguiente, exactamente dos semanas después del Baguazo, el Congreso confirmó la derogatoria de los DL 1090 y 1064 y prometió viabilizar una ley concertada de consulta, lo que hasta ahora no cumple.

Pedirá nueva investigación El congresista awuajún electo de Gana Perú, Eduardo Nayap, adelantó a LA PRIMERA que planteará una nueva investigación al nuevo Parlamento, sobre los sucesos de Bagua, a fin de que se esclarezcan completamente los temas que quedaron oscuros y que no se vuelvan a repetir.

“El gobierno no tiene la intencionalidad de resolver o se conozca la verdad de lo que pasó en la Curva del Diablo. El Ejecutivo se ha negado a que se haga una investigación seria, profunda e imparcial y se dé a conocer los hechos con los responsables políticos”, puntualizó.

Javier Soto
Redacción
  - Diario La Primera
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