Mediante una carta abierta
enviada al presidende Ollanta Humala, el coordinador de la misión internacional
de seguimiento de la Marcha Nacional del Agua, mostró su preocupación por la
forma autoritaria con que se pretende llevar a cabo el proyecto Conga en lugar
de privilegiar el diálogo.
Por Pedro Arrojo Agudo(*)
Ante las preocupantes noticias
que me llegan desde Perú sobre el conflicto de Conga, me siento en la
obligación moral de enviar esta carta abierta al Gobierno.
Sr. Presidente Humala
Hace poco, tuve el honor de
presidir la Misión Internacional de Observación que dio seguimiento a la Gran
Marcha Nacional por el Derecho al Agua en Perú. Tanto el informe general, como
los informes técnicos, que fueron publicados en su momento, recogieron nuestras
valoraciones y recomendaciones sobre los graves conflictos que motivaron dicha
Marcha, y muy particularmente sobre el conflicto de Conga. Me apena
profundamente constatar que, al menos hasta la fecha, su Gobierno, no sólo haya
ignorado estos informes, sino que parezca decidido a imponer de forma
autoritaria la realización del citado proyecto, en lugar de abrir ese Gran
Diálogo Nacional por el Derecho Humano al Agua, que desde la Comisión
recomendamos.
Tal y como constatan nuestros
informes, resulta evidente que existe una firme oposición al proyecto de Conga,
tanto a nivel social como institucional. Una oposición que está sólidamente
argumentada sobre el desastre socio-ambiental que ha supuesto la minería a
cielo abierto en la región durante las dos últimas décadas, y por los informes
técnicos que la Comisión avaló.
Tal y como demuestran los
informes técnicos del Ingeniero Robert Morán y del Doctor en hidrogeología D.
Javier Lambán, el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Conga, que hizo la
empresa Yanacocha, no reúne las mínimas condiciones de referencia a nivel
internacional para ser considerado válido. El hecho de que su propio Gobierno
haya reconocido lo que el Doctor Lambán certifica – que en el EIA no existe
propiamente un estudio hidrogeológico – sería suficiente para que cualquier
tribunal lo invalidara.
En el informe
económico-financiero, que yo mismo coordiné, insistí en que caracterizar al
Perú como un “país minero” constituye un grave error estratégico, pues equivale
a considerarlo como un país con fecha de caducidad. Sin embargo, la minería
apenas representa el 5% del Producto Interior Bruto y poco más del 1% del
trabajo de la población activa. Afortunadamente, Perú es un gran país, rico por
su diversidad en todos los sentidos, y particularmente por su diversidad
productiva, cultural y biológica. Es fundamental escuchar y dialogar con esa
abrumadora mayoría de peruanos y peruanas que, ni son mineros, ni quieren
serlo. Y no para cerrar la minería, que sin duda puede y debe aportar al país
riquezas que deben aprovecharse, sino para diseñar un futuro de consenso en el
que el sector minero no aplaste e hipoteque para siempre la salud y la
vitalidad del país, como ya ha ocurrido, de hecho, en multitud de cuencas,
tanto en Cajamarca como en otras regiones, con la destrucción de lagunas,
acuíferos y humedales, y los miles de pasivos ambientales que contaminan las
cabeceras fluviales.
Pero, más allá de estos
argumentos, me preocupa el riesgo de que se quiebre la esperanza política de
millones de peruanos, y muy particularmente en regiones como Cajamarca, que
depositaron su esperanza en el Presidente Humala; porque ello pondría en
peligro, una vez más, la democracia en Perú. Me preocupa que el escrupuloso
respeto al derecho de manifestación que el Gobierno mantuvo durante la
impresionante Marcha Nacional del Agua, y el riguroso carácter no-violento que
las Rondas Campesinas y los organizadores garantizaron, se quiebre ahora por
una aplicación equivocada del “Principio de Autoridad”.
Las detenciones y amenazas
sobre dirigentes sociales, como el Padre Marco Arana, y el despliegue masivo
del ejército y la policía en la Región de Cajamarca me hacen temer lo peor. Si
el Gobierno desata la violencia, en lugar de perseverar en el diálogo, no tengo
duda de que todos, incluido el propio Gobierno, lo lamentaremos.
(*)Pedro Arrojo Agudo
Profesor Emérito del Dpto. de
Análisis de la Universidad de Zaragoza.
Coordinador de la Misión
Internacional de Seguimiento de la Marcha Nacional del Agua.
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